Ex director de ARCA Santa Fe suma otra causa por corrupción
Carlos Vaudagna, implicado también en la causa que volteó al exjuez Bailaque, y otras diez personas están acusados de maniobras para beneficiar a una constructora en 2017.
El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe ordenó la declaración indagatoria del exdirector de la delegación local de la exAFIP —hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— Carlos Vaudagna y de otras diez personas, en una causa que investiga presuntos delitos de corrupción cometidos durante una fiscalización tributaria en 2017.
La decisión fue adoptada por el juez federal Aldo Alurralde, a pedido de fiscales del Ministerio Público Fiscal, entre ellos representantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los imputados están acusados de violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La investigación se centra en supuestas maniobras para beneficiar a la empresa constructora Ricardo Mallozzi S.A. durante una inspección por obligaciones tributarias correspondientes a los períodos fiscales 2013, 2014 y 2015. Según la hipótesis fiscal, Vaudagna y el inspector Marcelo Bulacio habrían realizado un ajuste impositivo menor al que correspondía, generando un perjuicio al fisco nacional, a cambio de una “contraprestación económica” que habría sido canalizada por el abogado de la firma.
Uno de los elementos clave de la causa surgió del análisis de conversaciones por WhatsApp entre los involucrados, que revelarían el plan para reducir el impacto de la fiscalización. Además, se incorporaron registros de ingresos a plataformas digitales del organismo recaudador y documentación notarial presuntamente falsa, secuestrada en un allanamiento a un escribano también imputado.
Los fiscales señalaron que Vaudagna reconoció los hechos vinculados a la empresa al firmar en marzo de 2025 un acuerdo de colaboración en el marco de otra investigación por corrupción que involucra al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque.
El magistrado dispuso que los once imputados presten declaración indagatoria por videoconferencia entre marzo y abril, y dictó medidas restrictivas para garantizar el proceso. En el caso de Bulacio, que aún se desempeña en la ARCA, ordenó su traslado a otra dependencia y le prohibió el contacto con personal de las regionales de Rosario y Santa Fe, además de impedir la salida del país sin autorización judicial para todos los acusados.
