Piden que Santa Fe adhiera a la ley nacional que protege a las personas en situación de calle
La cantidad de personas que viven en la calle se disparó en Rosario y Santa Fe, y expone la falta de políticas públicas frente a la indigencia estructural. La diputada provincial Celia Arena impulsa que la provincia adhiera a la Ley Nacional 27.654 para garantizar derechos básicos.
La cantidad de personas que viven en la calle en las principales ciudades de la provincia se disparó en el último año, en un contexto económico que profundiza la indigencia y expone la falta de respuestas estatales integrales.
En Rosario, el municipio contabilizó en mayo de 2025 un total de 563 personas en esta condición —403 durmiendo directamente a la intemperie y otras 160 en paradores o dispositivos de emergencia—, lo que implica un crecimiento del 97% respecto del año anterior.
En la ciudad de Santa Fe, el relevamiento oficial realizado en marzo registró 114 personas, aunque organizaciones sociales advierten que el número real sería muy superior y que, según el Relevamiento Nacional de octubre de 2024, podrían superar las 600.
En este escenario, crecen los planteos para que el Estado santafesino implemente estrategias integrales que garanticen derechos básicos. La diputada provincial y presidenta del bloque Hacemos Santa Fe, Celia Arena, presentó un proyecto para que la provincia adhiera a la Ley Nacional 27.654, que establece un régimen de protección integral de los derechos de las personas en situación de calle y familias sin techo.
La norma, vigente desde 2023, promueve la articulación con organizaciones sociales, religiosas, sindicales y comunitarias con experiencia en el territorio. Arena también invita a municipios y comunas a sumarse y coordinar con la autoridad de aplicación políticas conjuntas.
“La realidad que atravesamos exige respuestas urgentes y coordinadas”, sostuvo la legisladora, y destacó que los gobiernos locales son quienes mejor conocen lo que ocurre en el territorio. Aseguró que avanzar en la adhesión a la ley nacional permitiría construir una Santa Fe “más justa, solidaria e inclusiva, en la que ningún ciudadano se vea obligado a habitar el espacio público como única alternativa de subsistencia”.
